La Mesa contra el Racismo de Perú hizo público un escrito en el que aboga para la creación de la figura jurídica Injuria Racista luego de que un diario de ese país andino se burlara de la ortografía de una legisladora de origen indígena. El organismo no gubernamental pretende que se tipifique en el Código Penal la nueva norma y así se comience a penar la discriminación en esos lares, lo que a su vez, pondría a Perú a tono con las legislaciones internacionales vigentes respecto al tema.
El incidente comenzó luego de que el diario Correo publicara, a modo de burla, la foto de unos escritos de Hilaria Supa, una parlamentaria quechuablante, en los que podían observarse múltiples errores de ortografía del idioma castellano. Al ser consutado a cerca del episodio, Aldo Mariátegui, el director del periódico, avaló la publicación del medio que maneja y agregó: "Supa es una persona ignorante para desempeñarse como legisladora, función a la que no deberían acceder quienes tengan similares niveles de educación". Todo, sin aclarar algunos puntos: que el quechua es la lengua madre de la mujer en cuestión; que el español lo incorporó tardíamente; y que el blanco de la burla es una veterana luchadora social, perteneciente al Partido Nacionalista de Perú (PNP). Incluso, en una parte de su texto, el diario llega a cuestionar a Supa por haber sido empleada doméstica durante su juventud.
En otro pasaje del comunicado del organismo, se menciona a Andrés Bedoya, columnista de Correo, como un discriminador recurrente, y se le atribuyen algunas frases poco felices:"El presidente de Bolivia no es humano por ser indio(....) los habitantes de la región de Puno son subhumanos por su condición indígena". Cuando se accede al portal del periódico en internet y se tipea el nombre de la legisladora en el buscador, se puede leer la nota que ya en el título delata cierto tinte burlón.
El caso generó indignación en amplios sectores políticos y sociales de esa nación, que muestra elevados niveles de exclusión producto del múltiple número de etnias que conviven en su territorio. Y si a eso se suma un sector de la prensa que fomenta este tipo de sucesos, las organizaciones de derechos humanos tendrán que trabajar horas extras para combatir la segregación social en el mundo.
Walter Giménez.
