La Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (ASAPMI) denunció amenazas a profesionales por parte de "personas que se sintieron afectadas por su accionar en instancias judiciales cuyo dictamen no los favorece". Así, buscan que se alejen de los casos ya que muchos de ellos implican que padres acusados de maltrato o abuso no puedan tener contacto con los niños.Al abogado Juan Pablo Viar le llegó un mail a su casilla que expresaba "Ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo". A Juan Pablo Gallego, quien es uno de los querellantes en el caso del padre Julio César Grassi, lo ataca un grupo de personas cada vez que entra o sale de los tribunales de Morón. Además recibe una gran cantidad de mensajes intimidantes a su teléfono personal, por carta o correo electrónico en los que se le exige que deje de la causa. El psiquiatra, Enrique Stola, quien también intervino en el caso Grassi, denunció en una nota del diario Página 12, que alguien le hizo un perfil en Facebook donde le dejan mensajes difamatorios.
Es fundamental que se proteja a los profesionales de los ataques que reciben constantemente, ya que están viviendo un estado de desamparo total, porque no hay ninguna ley que regule esta situación. Esas personas que infunden el miedo son las mismas que luego se postulan como víctimas ante los medios o realizan publicaciones expresando lo "injusto" que fueron los jueces al separarlos de sus hijos. La sociedad debería abrir los ojos y dejar de resguardar a seres que maltrataron o abusaron de menores.
Emanuel Sorino
